Angustia y silencio

La incertidumbre se apodera de familias venezolanas tras la deportación de cientos de migrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Entre ellos, Alirio Guillermo Belloso, quien avisó a sus parientes que regresaría a Venezuela, pero su rastro desapareció del sistema de Inmigración estadounidense.

“Es como si nunca hubiera estado detenido”, denuncia su hermano Antonio Fuenmayor, quien lo identificó en una foto difundida por el gobierno salvadoreño.

La Administración Trump ha guardado silencio sobre el operativo, ejecutado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsiones sin juicio.

Organizaciones como Veppex han solicitado a la Casa Blanca reconsiderar esta política, argumentando que muchos de los afectados no tienen antecedentes criminales.

Mientras tanto, familiares continúan su lucha por obtener información y garantizar el derecho a la defensa de los detenidos.

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Trump y los republicanos: El expresidente Donald Trump y su círculo cercano han intensificado la presión para destituir al juez James Boasberg, quien bloqueó las deportaciones sin vista judicial previa.

Trump calificó al magistrado de “izquierdista radical” y respaldó la iniciativa del congresista republicano Brandon Gill, quien presentó en la Cámara de Representantes artículos de destitución contra Boasberg.

Sin embargo, expertos consideran improbable su destitución, ya que requeriría el respaldo de dos tercios del Senado, incluyendo a senadores demócratas. Figuras como Steven Miller y Lauren Boebert han acusado a Boasberg de “activista judicial”.

El fallo bloqueó deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 invocada por Trump, quien argumentó una “invasión” de la banda Tren de Aragua. Pese a la orden judicial, EE.UU. deportó más de 200 venezolanos a El Salvador, desatando una crisis constitucional.