En el juego del poder, la lista negra de ayer es hoy la mesa de negociación de los pragmáticos, y así lo confirma la decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU., que retiró este miércoles a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de la OFAC después de la captura de Nicolás Maduro y mientras el régimen que encabeza su hermana, Delcy Rodríguez, entrega a figuras clave como Alex Saab y Álvaro Pulido.

Sacar a Rodríguez del expediente no es un gesto de buena voluntad, sino el pago directo por la entrega de piezas clave del antiguo esquema: Washington reparte incentivos individuales para acelerar las extradiciones y desarmar la red que sostenía al entorno de Miraflores.

Aquel discurso que presentaba las sanciones como una "guerra criminal" quedó sepultado en cuanto hizo falta pactar la supervivencia individual, y mientras el país sigue pagando el costo del colapso, los operadores del régimen negocian sus salidas personales, una a una.

Ver a unos en Brooklyn y a otros recibiendo licencias del Tesoro deja la lealtad rota en Caracas, porque quienes entregaron a la cúpula saliente cobran sus primeros dividendos ante los ojos de un chavismo que se queda sin argumentos ni líderes.

Las sanciones se quitan con un simple clic en Washington, pero la factura del desastre la seguimos pagando nosotros.

Caso 11-A en la CorteIDH: El Foro Penal aseguró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que la represión del 11 de abril de 2002 fue el "primer aviso" de una estrategia de persecución política. Según la ONG, esa estrategia derivó después en crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, expuso sus alegatos finales este miércoles 14 de octubre. Recordó que los hechos dejaron 19 muertos y más de 300 heridos de bala, y que muchas víctimas y familiares han sufrido amenazas, falta de justicia y exilio. Según Romero, la CorteIDH interviene porque no hubo investigaciones imparciales y persiste la impunidad.

Romero sostuvo que lo ocurrido en 2002 no fue un episodio aislado, sino un antecedente de patrones que, según el Foro Penal, se repitieron en las crisis de 2004, 2007, 2009, 2014 y 2017. En la audiencia se presentaron videos, documentos y testimonios de militares de la época: los generales Manuel Rosendo y Efraín García Velasco, y el capitán Michael O'Brien. Según el Foro Penal, estas pruebas apuntan a una planificación para contrarrestar a los manifestantes. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, afirmó que la Corte tiene una "oportunidad histórica" para que todas las víctimas tengan justicia, más de 20 años después.

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