Los chulos

Si pensabas que tus impuestos solo se perdían en huecos de la calle o en bombillos que no prenden, prepárate, porque ahora resulta que también eres, indirectamente, el cliente preferencial de bufetes de lujo en Estados Unidos.

El abogado Zair Mundaray puso el dedo en la llaga al denunciar que usar fondos públicos para pagar los abogados privados de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el extranjero es un acto ilegal. No es un tema de opiniones; es que simplemente no existe ninguna partida en el presupuesto nacional que permita costear defensas criminales particulares con el dinero de todos los venezolanos.

Esto nos importa por varias razones, empezando porque Mundaray advierte que, en el momento en que se autoricen esos desembolsos, se estarán cometiendo delitos de apropiación de patrimonio público, algo que no prescribe fácilmente.

Además, la jugada deja una huella forense digital inevitable: ese dinero tiene que tocar bancos estadounidenses que exigen transparencia, lo que permitirá rastrear si los dólares salieron de PDVSA, el Banco Central o la Tesorería. Al final, se está sentando un precedente nefasto donde cualquier funcionario acusado afuera pretenda que tú le pagues el bufete, cuando la ley solo permite apoyo estatal para misiones oficiales, no para cuentas pendientes con la justicia criminal.

Mientras tú sacas cuentas para estirar el sueldo en el mercado, ellos usan la caja chica de la nación para intentar salvarse el pellejo.

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