”Tortura, pura y dura”

En la madrugada del martes, la planta eléctrica de la Embajada de Argentina en Caracas colapsó, afectando a cinco asilados en condiciones críticas. María Corina Machado denunció esta situación a través de redes sociales, describiéndola como una forma de tortura del régimen de Nicolás Maduro. Insistió en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de inmediato para detener las violaciones a los derechos humanos.

Los asilados, que llevan casi un año en la embajada, han enfrentado racionamiento eléctrico durante tres meses. Funcionarios de Corpoelec se apoderaron de los fusibles, lo que ha limitado el acceso al agua potable y ha puesto en riesgo la conservación de los alimentos, que llegan con severas restricciones.

El Comando con Vzla exigió la intervención urgente de la comunidad internacional ante esta crisis. La situación se agrava, dejando a los asilados aislados del mundo exterior, lo que subraya la necesidad de una respuesta efectiva frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del régimen.

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El Senado de Arizona está considerando el Proyecto de Ley SB 1164, conocido como Arizona ICE Act. Esta iniciativa obligaría a las agencias estatales y policías locales a colaborar con las autoridades federales de inmigración, generando un intenso debate. Los republicanos ven la ley como una herramienta de seguridad pública, mientras que demócratas y grupos de derechos civiles la critican por amenazar a las comunidades migrantes.

El SB 1164 establece que las agencias del orden deben apoyar la aplicación de las leyes de inmigración federales. Incluye la obligación de retener a sospechosos con órdenes de detención migratoria y prohíbe políticas locales que limiten la cooperación con ICE. También prevé sanciones para las agencias que no cumplan y exige participación en el programa federal 287(g).

Los republicanos, liderados por el senador Warren Petersen, argumentan que la ley es esencial para la seguridad pública, ya que busca evitar la liberación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Petersen asegura que la medida no implica redadas masivas, sino la retención de personas detenidas por delitos estatales para entregarlas a ICE.